No
se necesita ser un experto en Derecho para detectar las fallas en la Ley
Sicilia, y más aún, si las comparamos con la Ley de Víctimas que propuso el
presidente Calderón. Y las fallas no sólo radican en la mala redacción y la
redundancia de los artículos. Aunado a esto, e irónicamente, a pesar de las declaraciones
de Sicilia, la ley de Calderón se apega más al principio pro persona y
ofrece mayor protección a las víctimas que la de Sicilia, además de una mayor
viabilidad. Esto se puede demostrar a través de la comparación de varios
artículos en ambas leyes.
Uno
de los puntos más importantes, se refiere a la responsabilidad del Estado
Mexicano en las violaciones a derechos humanos. La Ley Sicilia sólo
responsabiliza al Estado, más no al crimen organizado, por lo que apegándonos a
esta ley, las garantías sólo serían aplicables a aquellas personas que hubiesen
sufrido una violación a sus derechos por parte de servidores públicos, y todas
aquellas víctimas directas del crimen organizado quedarían sin protección.
El
artículo 6, en su fracción XXI de la Iniciativa con Proyecto de Decreto para
expedir la Ley de Víctimas, es decir, la ley Sicilia, define a la violación de
Derechos Humanos como:
Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos
reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el
agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o
un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de
derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un
particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor
público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público.
Es
evidente que la propia ley descarta las violaciones de derechos humanos
cometidas por el crimen organizado. Es un sin sentido crear una ley que sólo
defienda a las víctimas del Estado y no a todas aquellas que día a día son
afectadas por la violencia de la guerra de los cárteles del narcotráfico,
provocada por los enfrentamientos entre ellos mismos y contra las fuerzas
desplegadas por el presidente Calderón en el país. El párrafo citado resulta
aún más ridículo cuando tenemos el antecedente inmediato de que en los últimos
meses, el gobierno de Calderón se dedicó a cumplir varias sentencias
internacionales para reparar los daños cometidos por el Estado a víctimas de
otros gobiernos, como el caso del Campo Algodonero,
por poner un ejemplo.
Y
contrario a lo que la sociedad, los líderes de opinión y los políticos pudieron
percibir debido a que la mayoría de los medios sólo publicaron las
declaraciones de Sicilia y no se preocuparon por hacer un análisis comparativo
de las dos leyes, la ley de Calderón sí contempla a las víctimas del crimen
organizado. La Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley General de
Atención y Protección a las Víctimas y se reforman diversas disposiciones de la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Código Federal de
Procedimientos Penales
(en adelante la Ley Calderón) hace énfasis en este error de la Ley
Sicilia:
En este propósito, y a fin de construir un ordenamiento
claro que no sea causa de inseguridad jurídica, la iniciativa que por esta vía
se somete a consideración de esa Soberanía concreta una distinción que resulta
fundamental. Partiendo de la premisa de que no todo delito constituye una
violación a los derechos humanos y de que no toda violación a los derechos
humanos constituye un delito, es menester de una ley general como la que se
propone, determinar qué hechos victimales son a los que la misma se refiere y a
través de qué medios responderá a cada uno de ellos. El esclarecimiento en
torno a este tema es de suma importancia, ya que debe ser objetivo de cualquier
marco jurídico que pretenda salvaguardar los derechos de las víctimas evitar,
en primer lugar, dejar fuera supuestos que constituyan actos dolorosos por su
naturaleza delictiva y/o violatoria de los derechos humanos, y en segundo
lugar, evitar hacer frente a otro tipo de actos con todas las vías que esta Ley
propone, aún cuando sean reprobables. En pocas palabras, no debemos obviar el
principio jurídico que nos mandata a tratar igual a los iguales y desigual a
los desiguales. Así por ejemplo, resulta evidente que no merecerá la misma
respuesta institucional una víctima del delito de secuestro u homicidio (sea
éste perpetrado por particulaes o por agentes del Estado), que una probable
víctima de violación a sus derechos políticos, los cuales de acuerdo con el
artículo 1° constitucional son ahora derechos humanos. En este sentido, la Ley
que por esta vía se propone cobijará: (i) a las víctimas de los
delitos perpetrados por particulares; (ii) a las víctimas de los
delitos perpetrados por algún agente del Estado… y (iii) a las
víctimas de violaciones a derechos humanos.
Este párrafo de la propuesta de
Calderón, no sólo hace la distinción para que la nueva ley de víctimas proteja
también a quienes sufren delitos cometidos por particulares, en este caso el
crimen organizado o cualquier otra persona que no tenga que ver con el
gobierno, sino que también se preocupa por no dar igual importancia en atención
y recursos a una víctima del crimen organizado, el cual obviamente necesitará
mayor atención, que a una víctima de derechos políticos, por parte del Estado,
que aunque también son derechos humanos, no necesitaría una atención tan
inmediata como una víctima de asesinato, secuestro, o extorsión, por ejemplo.
Otro de los puntos fundamentales
de la Ley de Calderón, y que ha sido el argumento principal del Gobierno
Federal, es que los estados y municipios se involucren directamente en la
aplicación de la ley de víctimas, y que no sólo sea tarea y obligación del Gobierno
Federal. Esta ha sido una de las ideas del gobierno de Calderón, que ha tratado
de aplicar no sólo en este caso, sino por ejemplo, en la depuración de los
cuerpos policiacos y los exámenes de control de confianza que los estados y
municipios deben aplicar, además de los que aplican las corporaciones de la
federación. Esto entendido como una forma de involucrar a las localidades en el
combate a la inseguridad y el crimen organizado, y que no toda la
responsabilidad recaiga en el gobierno federal, porque como se ha visto, mucha
de la corrupción está fuertemente radicada en las corporaciones policiacas
municipales y estatales. Es por eso, que es loable la intención del gobierno
federal de querer involucrar a los estados y municipios en la tarea de protección
a las víctimas.
El objetivo principal del Gobierno
Federal es que la ley garantice la proteción de derechos humanos y la
reparación del daño por los tres niveles de gobierno, por lo que propone que se
eleve a grado constitucional esta obligación, y que se conjugue con otras
legislaciones y se utilice la infraestructura ya existente. Esto luego de que
22 estados del país ya cuentan con leyes locales de protección a los derechos
humanos. Lo que propone la ley de Calderón es que todas estas leyes se homologuen
para que la tarea de defensa de derechos humanos sea concurrente a todos los
estados. Es por eso que la ley de Calderón propone varias reformas, una de
ellas al artículo 73 de la Constitución Política de México, para que:
El Congreso
de la Unión tenga la facultad… para expedir leyes que establezcan la
concurrencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los
municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de los
derechos de las víctimas.
Sin esta reforma explícita en la
Ley de Calderón, una ley de protección para víctimas a cargo solamente del
gobierno federal sería un despropósito. Y el gobierno federal cita incluso a la
ley presentada de Sicilia para defender este argumento:
No por nada,
el propio proyecto de Ley general de Atención y protección de los Derechos de
las víctimas, elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México y
enriquecido con las valiosas aportaciones de integrantes del Movimiento por la
Paz con Justicia y Dignidad, producto del diálogo con víctimas y personas con
amplia experiencia en el tema, así como aportaciones derivadas del proceso de
Diálogo sobre Seguridad Pública con Enfoque de Derechos Humanos, facilitado por
el Centro de Colaboración Cívica, A.C., en su exposición de motivos señaló lo
siguiente: “Esta propuesta, al ser de aplicación general en el territorio
nacional, busca las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito
Federal, los Estados y los Municipios en la atención y protección de las
víctimas y todo lo que conlleva su reinserción en la sociedad. En consecuencia,
se considera oportuna una reforma al artículo 73, fracción XXI de la
Constitución General de la República para señalar, de manera expresa, la
facultad del Congreso de la Unión para expedir una ley general en la materia”.
El documento presentado por la
Presidencia da una cachetada con guante blanco a Sicilia, al subrayarle que la
ley que él proponía también tenía pensado que una modificación al artículo 73
de la Constitución sería lo ideal. Y a pesar de que este es uno de los motivos
principales de Calderón para regresar la ley, Sicilia nunca habló de esto. Es
más, nunca presentó un argumento y se dedicó a hacer descalificaciones ad
hominem contra Calderón. Además, en ningún artículo de la ley de Sicilia se
contempla hacer una modificación a este artículo ni a ningún otro, sólo lo
sugieren. En cambio, la ley de Calderón sí realizaría este y otros cambios
sustanciales para garantizar la viabilidad de la ley de víctimas.
Los legisladores aprobaron la Ley
Sicilia y nunca se preocuparon por saber si necesitaban modificar la
Constitución o el Código Penal para hacerla viable. Es entendible más no
justificable debido a los tiempos electorales que se vivían, por lo que lo más
fácil era aprobar una ley que ante los medios y ante la sociedad, sonaba bien.
Conocemos a nuestros poíticos y sabemos que para ellos es lo que importa, que
algo se vea bien para atraer votos.
Pero qué fue lo que pasó con
Sicilia, el nuevo y uno de los más significativos representantes de la sociedad
civil. No se supone que él debería estar alejado de los intereses políticos y
preocupado verdaderamente por el bienestar de la sociedad y el cuidado real de
los derechos humanos de los mexicanos, de preocuparse más por tener una ley pro
persona viable y no una ley mal escrita, con artículos redundantes en todo
el documento, con párrafos que en su afán de vigilar con lupa la actuación de
las autoridades, deja de lado la máxima protección a la persona. Preocuparse
por una ley que no sea imposible de aplicar, ya que esto para nada beneficia la
protección de los derechos humanos.
Desgraciadamente el flamante
representante de la sociedad civil se encaprichó con su propuesta, pensando que
sólo la razón era de él, incapaz de entender que otros también pueden tener
razón. Sicilia tenía la oportunidad de hacer lo que tanto criticó al gobierno:
dialogar. El gobierno le concedió los Diálogos en el Alcázar de Chapultepec, de
los que sin duda se consiguieron grandes avances; pero Sicilia no quiso
dialogar, prefirió descalificar, insultar y creer que la de él, era la única
razón, la única opción viable para el país.
Quien también frustró el capricho
de Javier Sicilia fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hace unos días
ratificó la suspensión a favor del presidente Calderón para que no se promulgue
el decreto sobre la Ley General de Víctimas, y dar tiempo para resolver una
controversia para saber si el presidente tenía o no la capacidad de regresar la
Ley de Víctimas al Congreso.
Después de la gira de la Caravana
por la Paz con Justicia y Dignidad en Estados Unidos, la cual no consiguió más
que unos cuantos reflectores pero ningún cambio significativo, (el cual
obviamente no ocurriría ya que Sicilia se concentró en el problema de la venta
de armamento, en atacar la tan defendida, sagrada e intocable Segunda Enmienda
de la Constitución de Estados Unidos), el poeta decidió retirarse por un tiempo
sin dar mayores razones. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se dio cuenta de su error y
quiere dejarlo pasar? ¿O sólo fue un berrinche de un hombre encaprichado, que
al no cumplirle su voluntad, se retiró de la vida pública?
No queda más que esperar que el
nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto y los nuevos legisladores den un
seguimiento puntual a la Ley propuesta por Calderón. Y esperar también que Peña
Nieto no caiga en la tentación de aprobar la ley de Sicilia y no propiciar un
verdadero debate entre las dos leyes, lo cual sería muy grave.
Pero más grave y así se debe de
entender, es que Javier Sicilia no aprovechara la oportunidad que tuvo para
hacer un cambio verdadero a la legislación mexicana, un cambio que beneficiara
a miles de mexicanos que se han visto afectados por la guerra contra el crimen
organizado. Es grave porque Sicilia fue una persona que tuvo la confianza de
miles de ciudadanos que le mostraron su apoyo en las caravanas que realizó por
todo el país y más allá de las fronteras. Sicilia desperdició esta confianza y
el poder político que tuvo para poder cambiar.
Si Sicilia regresa, debemos esperar a que no
se convierta en un obstáculo para crear una ley de víctimas al nivel de lo que
el país necesita, y se convierta en lo que debe ser: un auténtico representante
de la sociedad civil.
BIBLIOGRAFÍA
